Persiste desigualdad laboral hacia personas con discapacidad

Ciudad de México. Las desigualdades que viven las personas con discapacidad son claras. La brecha salarial entre quienes tienen esta condición y las que no es de hasta 151 por ciento; en analfabetismo es del 17 por ciento.

Además, solo el 25 por ciento de las personas con discapacidad que trabajan tiene un contrato escrito, y aproximadamente el mismo porcentaje cuentan con prestaciones médicas. Los hogares que tienen a una persona en esta condición pueden llegar a gastar hasta tres veces más en salud y vivienda, señaló la titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Alexandra Haas Paciuc.

En el Foro Especial de Participación en Materia de Derechos de las Personas con Discapacidad, que se realizó ayer en el contexto de la planeación y elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, expuso que las brechas de desigualdad son injustas, contrarias al mandato constitucional “y con las cuales ya no podemos vivir” en comunidad.

Las organizaciones y activistas que participaron coincidieron en que no sólo con apoyos económicos se logrará la plena inclusión de este sector de la población. Taide Buenfil, integrante del colectivo La discapacidad nos une, señaló que cuando se habla de políticas públicas “no podemos decir únicamente que tiene que ver con el otorgamiento de becas”.

Para lograr la inclusión, abundó, se requiere equiparar las oportunidades y que no haya recortes presupuestales en la materia. Además, este colectivo entregó a Alicia Loza, responsable del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), 34 mil firmas para que no desaparezca este organismo.

La organizaciones también se pronunciaron porque se revise la legislación para que esté acorde con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, e hicieron un llamado al Conapred para hacer campañas de sensibilización sobre esta población.

Pidieron que se garantice el acceso a educación y trabajo; también, mayor participación política, que continúen los incentivos a las empresas incluyentes. De igual manera, que haya un registro de las personas con discapacidad, “accesibilidad universal” y cambiar el modelo actual que es más asistencialista.

Haas Paciuc señaló que se hará una relatoría de lo planteado en el foro y se enviará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se incorpore “en la medida de lo posible” en el PND y en los programas sectoriales y transversales. En este evento se analizaron tres ejes: de paz, estado democrático y de derecho; bienestar social e igualdad, y desarrollo económico incluyente.

Tomado de La Jornada

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