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Organizaciones civiles proponen política migratoria de respeto a los DDHH en México

A pesar de los avances en marcos normativos y políticas públicas sobre derechos humanos y migración, aún existen retos centrales en su aplicación, como la inclusión de la perspectiva de seguridad humana para asegurar el cumplimiento de sus garantías fundamentales, de acuerdo con el Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria (GTPM).

Esta red de organizaciones civiles, que incluye a Sin Fronteras, Save the Chindren, el Instituto para las Mujeres en la Migración, entre otras; presentó la su propuesta de agenda política “Hacia una política migratoria de respeto a los derechos humanos en México”, en la que se destaca que las medidas para atender este fenómeno deben plantear marcos legales y políticas con perspectiva de seguridad humana.

Lo anterior implica la eliminación de la detención de personas migrantes en estaciones migratorias como práctica generalizada, así como la deportación expedita sin la evaluación individual de cada caso que permita identificar necesidades de protección debido a las circunstancias por las que emigraron o la ponderación de los derechos sociales como el derecho humano al trabajo, la seguridad social, salud, vivienda y más.

No obstante, en el trabajo se exhibe que de octubre de 2011 (año en que se aprobó la Ley de Migración) a octubre de 2018, el Instituto Nacional de Migración (INM) registró 966 mil 656 eventos de detención de personas migrantes por el sólo hecho de no contar con un documento migratorio vigente; de esta cifra, 165 mil 998 fueron menores de edad.

Respecto a la nacionalidad, Guatemala, El Salvador y Honduras son los países donde más provienen y también a donde más se deportan migrantes de territorio mexicano.

A través del documento, el GTPM hace hincapié en que cada Secretaría de Estado y entidad en los tres niveles de gobierno deberá cumplir con su mandato de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes partiendo del principio de no discriminación.

Asimismo señaló que el INM deberá ser una entidad que opere los procedimientos administrativos de manera eficiente y con apego irrestricto a las garantías fundamentales de las personas.

El Grupo de Trabajo indicó también la necesidad de armonizar el marco normativo en México a nivel federal y estatal bajo los más altos estándares de protección. De igual firma recomendó diseñar de la mano con la sociedad civil, agencias de las Naciones Unidas y Organismos Públicos de Derechos Humanos, mecanismos de rendición de cuentas, participación ciudadana y transparencia.

También expresó que se requiere garantizar el acceso a la justicia a personas víctimas de violaciones a derechos humanos y el establecimiento de garantías de no repetición.

Tomado de La Jornada

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