Lo incumplido: la garantía de derechos humanos

El organismo aseguró que Ortega no ha cumplido con el restablecimiento del diálogo para superar la crisis, ni con las “garantías para el ejercicio del derecho de reunión pacífica y de las libertades de expresión y asociación, y sanciones para quienes ataquen o intimiden a defensores de los derechos humanos”. El “restablecimiento de la personalidad jurídica de organizaciones y medios de comunicación” es asimismo materia pendiente, agregó la entidad.

OACNUDH afirmó que tampoco ha establecido “medidas efectivas para prevenir y erradicar la tortura”, no ha adaptado la legislación penal “a las normas internacionales” ni ha hecho reformas de ley para “garantizar elecciones justas y transparentes”. Además, advirtió que el Gobierno de Ortega no estableció un plan para rendir cuentas sobre “investigaciones a violaciones de los derechos humanos, desarticulación de elementos y grupos armados progubernamentales”, o consultas a víctimas para cumplir con “los derechos a la justicia, verdad, reparación, y garantías de no repetición”.

La entidad “ha podido constatar también que, en varios aspectos, se han dado pasos atrás tales como la aprobación de varias reformas legislativas incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos”, según informó en la nota de prensa que acompañó al boletín. Hasta diciembre pasado, la OACNUDH contó 103 personas arrestadas por razones políticas, así como denuncias de tortura, a la vez que “en ninguno de esos casos se identificó o sancionó a los autores o se concedió reparación a las víctimas”.

La crisis sociopolítica que vive Nicaragua dejó al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organizaciones locales cuentan hasta 684 desde entonces, mientras que Ortega reconoce 200 y dice haberse defendido de un “golpe de Estado fallido”, del que hasta ahora no ha mostrado evidencias.