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Gobierno presume en Informe apoyos a indígenas y mujeres que tuvieron recortes o subejercicios

El capítulo de “Política Social” del Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador empieza enfocándose en la población que reconoce como más desprotegida y vulnerable: la indígena. Pero presume los logros de programas que durante 2020 sufrieron recortes por las medidas de austeridad o que desde el año pasado han registrado subejercicios.

Es el caso del Programa de Derechos Indígenas, del que una parte del dinero va para las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMI), que desde mayo emprendieron una lucha para evitar que se les quitara el presupuesto.

El Informe presume, sin dar un solo dato económico, que “se otorgaron apoyos a las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana para asesorías, seguimiento de casos, acompañamiento, traducción y canalización en favor de mujeres indígenas y afromexicanas en situación de violencia de género” en favor de 39 mil 850 personas, aunque una nota al pie aclara que esa cifra es de 2019. Y después afirma: “se suscribieron convenios de concertación y fueron transferidos los recursos asignados a cada una de las Casas para la ejecución de los proyectos en el segundo semestre de 2020”.

Lo que no menciona el Informe es que el dinero que se repartió finalmente fue la mitad de los 30 millones que originalmente estaban etiquetados para estos espacios, y que la razón por la que el dinero será para ejecutar proyectos en el segundo semestre del año es porque en abril la Secretaría de Hacienda suspendió la convocatoria lanzada desde febrero para acceder a esos subsidios. Las CAMI operaron únicamente con trabajo voluntario y sin un peso del gobierno,  durante lo más duro del confinamiento de la pandemia por COVID-19 y el aumento de la violencia familiar.

Además, en el informe de Hacienda ante la Cámara de Diputados del segundo trimestre de 2020 se puede ver que todo el Programa de Derechos Indígenas tiene un subejercicio de casi 83% respecto a lo programado. Y el reporte del último trimestre de 2019 mostró un recorte del 32% de presupuesto durante el año.

Otro programa para pueblos originarios del que se presumen los resultados es el Programa de Infraestructura Indígena: 524.1 millones en obras de comunicación terrestre, mil 320 millones en obras de agua potable, electrificación y drenaje.

Pero nuevamente, el informe trimestral de Hacienda con corte hasta junio pasado había dado cuenta de que es uno de los programas con mayor subejercicio, ya que solo se ha invertido el 18.1% de lo presupuestado.

El Segundo Informe de Gobierno destaca además como respeto a los derechos de los pueblos originarios las Consultas que se han hecho para megaproyectos de este sexenio, a pesar de los cuestionamientos que las han envuelto. Enumera, por ejemplo, la del Tren Maya, que fue hasta criticada por la ONU; y el seguimiento a los acuerdos con el pueblo de Xaltocan, Estado de México, por las obras del aeropuerto de Santa Lucía, aunque Animal Político ha documentado las quejas de sus habitantes por los incumplimientos del gobierno.

Presume estudios de género que serán cancelados

Así como ocurre con la información de las CAMI, el Informe menciona otras acciones de género hechas el año pasado, pero que en realidad en este 2020 están sufriendo cancelaciones.

Al referirse a temáticas innovadoras que está abordando el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), apunta el diseño de un Sistema Nacional de Cuidados para reducir y redistribuir la carga de trabajo en ellas, para lo cual, entre otras cosas, “se destinaron 3.18 millones de pesos para llevar a cabo 10 estudios”.

Sin embargo, el 16 de julio pasado, tras aprobarse en la Junta de Gobierno el recorte de 75% al gasto operativo del Inmujeres, su titular, Nadine Gasman, dijo en entrevista que son justo los estudios e investigaciones en donde va a impactar esa reducción de presupuesto.

El documento agrega que México destacó en el último año como líder a nivel regional en cuanto a estadísticas de género con eventos que contribuyeron para tener instrumentos que midan las desigualdades y la violencia machista. Pero el titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Julio Santaella, advirtió hace unos días que si Hacienda recorta el presupuesto de la institución para 2021, está en riesgo la realización de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (Endireh), que revela cifras sobre violencia de género.

De una de las acciones más visibles para proteger a las mujeres, las Alertas de Violencia de Género, que hace unas semanas estuvieron en el ojo del huracán porque los estados con más feminicidios recibieron oficios de que les sería cancelado el presupuesto y luego el gobierno lo negó, no hay en el Informe de Gobierno ni un solo dato de dinero o resultados.

Solo se enumeran 21 sesiones de los Grupos de Trabajo para analizar solicitudes y 33 sesiones de grupos interinstitucionales y multidisciplinarios que dan seguimiento a las ya declaradas. Mientras que el informe de Hacienda de junio pasado reveló que hasta medio año, no se había transferido a los estados nada de lo presupuestado para este mecanismo.

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