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Falta de justicia en las investigaciones de agresiones al gremio periodístico: Artículo 19

Ciudad de México.- Durante la presentación del informe “Protocolo de la impunidad en Delitos contra Periodistas”, profesionales representados por la organización internacional exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador revertir la tendencia de falta de justicia en las investigaciones de agresiones al gremio periodístico, que contabiliza 123 periodistas asesinados desde 2000, tres de ellos muertos en los primeros 90 días de su mandato, en tanto que 24 comunicadores permanecen en calidad de desaparecidos desde 2003.

El subdirector de Artículo 19, la organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, Leopoldo Maldonado, destacó que pese a la construcción de protocolos de investigación para investigar los delitos de libertad de expresión, para considerar el ejercicio periodístico como la principal línea de investigación.

De acuerdo con el documento, de las mil 140 investigaciones que la FEADLE (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión) integró de 2010 a 2018, sólo ha consignado 186, lo que representa el 16.3% del total, y si se considera que una mínima parte recibió condena, “esto se traduce en un 99.13% de impunidad en delitos contra la libertad de expresión, sólo a nivel federal”.

Las cifras oficiales reflejan que de los 123 periodistas asesinados desde 2000, 48 ocurrieron durante el mandato de Felipe Calderón; 47 en el de Enrique Peña Nieto y tres en lo que va de la administración de López Obrador.

De los 89 homicidios que la FEADLE tiene registrados entre 2010 y 2018, sólo en 45 identificó como móvil de los crímenes la actividad periodística, de los cuales sólo cuatro habían sido judicializados, lo que representa el 4.4% de los casos.

En el documento se destaca que, pese a que a partir de 2013 la FEADLE tiene amplias facultades para ejercer la atracción de casos, de esa fecha al año pasado, de las 735 investigaciones abiertas en ese periodo, la dependencia federal sólo ejerció su facultad en 57 casos, lo que representa 7.7% del total de carpetas abiertas durante ese periodo.

Maldonado explicó que, a partir del análisis de seis casos paradigmáticos, la organización identificó que “las autoridades son las primeras en poner obstáculos para llegar a la verdad, y aunque hay algunos casos en los que hay detenidos, estos son sólo presuntos autores materiales, no se avanza hacia la consignación de autores mediatos o intelectuales”.

Maldonado reconoció que después del homicidio de Javier Valdez, en mayo de 2017, hubo “más disposición y más proactividad” por parte de su titular, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, que pasó de dos a diez sentencias, “lo cierto es que un fue pareja en su efectividad, es difícil revertir el patrón deficiencias estructurales que no se revierten a partir de la voluntad de una persona”.

Al recordar que “la justicia a medias no es justicia”, el defensor explicó que lo que Artículo 19 ha identificado como las siete deficiencias predominantes que han perpetuado la impunidad en los delitos contra la libertad de expresión, son “la descalificación a la labor periodística; la estigmatización de las víctimas; los inexistentes o excepcionales análisis de contexto; duplicación de actuación entre la FEADLE y autoridades locales; detención y procesamiento de autores materiales y no se investiga a autores mediatos o intelectuales; subejercicio de la facultad de atracción o atracción bajo criterios políticos, y la falta de un plan estratégico de persecución penal en torno a los delitos de libertad de expresión”.

En víspera de que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dé a conocer su plan de persecución de delitos, el subdirector de Artículo 19 puntualizó que debe considerarse que fiscalías especializadas como la FEADLE “comparten falencias, como la falta de independencia, de capacidades técnicas y de atención a víctimas, en el que se observa modelo de atención revictimizante,  ausencia de planes de investigación, obstaculización en las investigaciones,  falta de peritos independientes, traslado de carga de la prueba a las víctimas”, entre otras fallas.

Los seis casos paradigmáticos presentados en la conferencia de prensa fueron los de los periodistas Moisés Sánchez y Rubén Espinosa, ocurridos el 2 de enero, en Veracruz, y el 31 de enero, y el 31 de julio, en la Ciudad de México, ambos en 2015; la detención arbitraria de Pedro Canché, el 30 de agosto de 2014, y quien estuvo recluido nueve meses acusado de “sabotaje, sólo por cubrir una protesta social”, en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo; las agresiones físicas en cobertura de manifestaciones en la Ciudad de México de Alejandra Rodríguez y Aldo Sotelo, el primero de diciembre de 2013 y el 14 de diciembre de 2014, respectivamente, y los ataques cibernéticos, amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio a periodistas del portal Sinembargo.mx.

Tomado de Animal Político

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