El Acceso a la Justicia es un derecho humano fundamental que se encuentra integrado por una serie de elementos interdependientes que permiten garantizar a todas las personas, sin discriminación, una respuesta por parte del Estado, y garantizar sus derechos esenciales ante una instancia u órgano jurisdiccional que se estime competente, a fin de que se dé respuesta a sus pretensiones.

¿Sabías qué…? El acceso a la justicia es un derecho que se encuentra contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

  1. El derecho a ser oído 
  • Implica:
    • Toda persona tiene la garantía de audiencia mediante un juicio en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, la cual debe otorgarse dentro de un plazo razonable, y por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial.
    • La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dicho que todo aquel que tenga necesidad de que se le administre justicia tendrá plena seguridad de recibirla por los órganos jurisdiccionales permanentemente estatuidos, sin más condición que las formalidades necesarias, razonables y proporcionales al caso para lograr su trámite y resolución
    • El derecho a ser oído debe ser respetado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas

 

 

  1. Asistencia consular 
  • Implica:
    • El derecho de los extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular es un derecho fundamental, por lo que debe ser reconocido y considerado en el marco de las garantías mínimas para brindar a los extranjeros la oportunidad de preparar adecuadamente su defensa y contar con un juicio justo.
    • Para garantizar este derecho a la niñez migrante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha diseñado el “Protocolo para la atención consular de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados”, con el fin de brindar herramientas a las autoridades sobre como actuar para respetar este derecho.
    • La SCJN ha establecido las directrices de este derecho para los juzgadores en el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en caso que afecten a personas migrantes y sujetas de Protección Internacional”.

 

 

  1. Recurso judicial efectivo 
  • Implica:
    • Un recurso judicial efectivo consiste en la posibilidad real de acceder a un recurso judicial para que la autoridad competente y capaz de emitir una decisión vinculante determine si ha habido o no una violación a algún derecho, y que, en caso de ser encontrada una violación, el recurso sea útil para restituir al interesado en el goce de su derecho y repararlo.
    • Esta obligación comprende que el Estado debe incorporar al sistema normativo un recurso eficaz para la protección de los derechos de las personas, frente a intervenciones arbitrarias a los mismos.
    • Este recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática.

 

 

  1. Derecho a la verdad 
  • Implica:
    • El derecho a la verdad es el que tiene toda víctima a conocer las circunstancias en que se cometieron las violaciones a sus derechos o los de sus familiares
    • Este derecho impone al juzgador principios rectores que debe cumplir, entre ellos, preservar el equilibrio procesal, así como la búsqueda y conocimiento de la verdad histórica de los hechos, sin esperar a que las partes impulsen el procedimiento”.
    • Constituye además un medio importante de reparación para la víctima y sus familiares, y da lugar a una expectativa que el Estado debe satisfacer.

 

 

 

  1. El deber de motivar las resoluciones
  • Implica:
    • Es la garantía de las personas por medio de la cual se obliga al juzgador a que expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.
    • Esto implica que las decisiones que adopten los órganos internos deben estar debidamente motivadas y fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias.
    • Además constituye una garantía vinculada con la correcta administración de justicia.

 

 

 

  1. La Presunción de inocencia
  • Implica:
    • Es el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad.
    • Exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal.
    • Si existe contra ella una prueba incompleta o insuficiente para demostrar su responsabilidad, no es procedente condenar a la persona, sino absolverla.
    • Constituye un fundamento de las garantías judiciales.

 

 

 

 

  1. El Derecho a ser juzgado por un tribunal establecido con anterioridad por la ley, competente, independiente e imparcial
  • El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal facultado para conocer de su asunto.
  • Además dicho tribunal ha de actuar dentro de los términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete, y debe estar libre de cualquier influencia interna y externa que interfiera en la resolución del caso.

 

 

 

 

 

  1. El Derecho a contar con un traductor o interprete
  • Implica:
    • El derecho de todas las personas a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, lo cual constituye un mecanismo óptimo para el pleno acceso a la justicia.
    • Para garantizar este derecho se ha diseñado el “Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas que lleva el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas” el cual busca capacitar y formar intérpretes o traductores para garantizar el acceso a la justicia para los Pueblos y Comunidades Indígenas de México.
    • Es obligación de las autoridades que conozcan del caso constatar que el intérprete efectivamente conozca la lengua y cultura del imputado
    • En el caso de las personas con discapacidad física (afonía) es responsabilidad de la autoridad ante la cual comparece considerar que requiere de un lenguaje especial de señas y gestos; por lo que el Juez debe designarle un traductor o intérprete de lengua de señas mexicanas que habrá de ser imparcial y no tener algún tipo de relación con las partes.

 

  1. La No autoincriminación
  • El derecho de todas las personas a guardar silencio
  • Se prohíbe a las autoridades obtener evidencia autoincriminatoria producida por el propio inculpado a través de coacción o engaño.
  • En ningún caso el juez podrá ponderar en su menoscabo hechos que no hubiera declarado.

 

 

 

 

 

  1. El Plazo razonable
  • Es el derecho de las personas a que las autoridades administren una justicia pronta, lo que se traduce en la obligación de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos, y plazos que establezcan las leyes.
  • Salvo que se presenten excepciones que produciendo retardación de justicia no le sean atribuibles a la autoridad por algún tipo de negligencia.

 

 

 

 

 

  1. El Derecho ser asistido por un defensor de su elección o por un defensor proporcionado por el Estado
  • Es el derecho de toda persona a contar con la asistencia de su abogado defensor que sea de su confianza y de su voluntad, y solo en caso de no contar con uno, es el Estado quien se lo deberá proveer.
  • No garantizar un abogado es limitar severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona desequilibrio procesal y deja al individuo sin tutela frente al ejercicio del poder punitivo
  • Este derecho a ser asistido jurídicamente debe garantizarse en todas las etapas procedimentales en las que intervenga el imputado.

 

 

 

 

  1. La Debida diligencia en las investigaciones
  • El derecho de toda persona a que el trabajo de investigación del delito en la averiguación previa sea realizado con responsabilidad, respeto y apegado a los protocolos establecidos a fin que la investigación cumpla con los elementos suficientes para garantizar un proceso
  • Constituye una etapa medular en la fase de procuración de justicia”.
  • Frente a la falta de celeridad y la negligencia de las autoridades judiciales en realizar una investigación seria y exhaustiva de los hechos que conduzca a su esclarecimiento y al enjuiciamiento de los responsables, se constituye una grave falta al deber de investigar y de ofrecer un recurso efectivo.

 

 

 

 

  1. La Tutela judicial efectiva en el cumplimiento de los fallos
  • El derecho a la tutela jurisdiccional comprende el que tienen todas las personas a obtener de los juzgados y tribunales la adopción de las medidas que resulten imprescindibles para que los pronunciamientos judiciales inobservados o incumplidos por quienes estén obligados por ellos puedan ser ejecutados.
  • Los derechos que se reconozcan o declaren en  las decisiones judiciales no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones, sin alcance práctico, ni efectividad alguna si las sentencias no se ejecutan.

 

 

 

 

  1. El Deber de reparación
  • Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares tienen derecho a la reparación del daño sufrido, la cual debe concretarse a través de medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima.
  • La obligación de reparar los daños es un deber jurídico propio del Estado que no debe depender exclusivamente de la actividad procesal de las víctimas.

 

 

 

Acceso a la Justicia para Grupos Vulnerables

1. El acceso a la justicia para niños, niñas y adolescentes

  • Implica:
    • El deber del juez de atender las acciones interpuestas por los menores.
    • Que se le explique el caso en que están involucrados.
    • Es deber del Estado erradicar la impunidad de los casos de NNA.
    • El derecho a contar con representación adecuada.
    • El derecho de los niños a ser oídos y que su testimonio se tomado en cuenta en los procesos y resoluciones.
    • Es obligación de las autoridades aplicar el Principio de interés superior del menor.
    • Cuando se trate de niñosindígenas, se debe tomar en cuenta el derecho a vivir de acuerdo con su propia cultura, su propia religión y su propio idioma.

 

  1. El acceso a la justicia para los migrantes
  • Implica:
    • Los servidores públicos tienen la obligación de proteger, investigar y perseguir los hechos constitutivos de delito en su contra.
    • Derecho a ser oídos públicamente en condiciones de plena igualdad y con justicia, por un tribunal.
    • Tienen derecho a recibir la reparación del daño frente a toda violación a sus derechos humanos.
    • La privación de la libertad dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional.
    • Derecho de asistencia consular.
    • El debido proceso debe ser garantizado independientemente del estatus migratorio.
    • Ha de tomarse en cuenta que los migrantesindocumentados son los más expuestos a las violaciones potenciales o reales de sus derechos.

 

  1. El acceso a la justicia para los pueblos indígenas
  • Implica:
  • El reconocimiento de la personalidad jurídica, individual o colectiva para iniciar acciones ante los tribunales.
  • Es obligación del Estado proveer un intérprete.
  • La provisión de peritajes jurídico-antropológicos son prueba idónea para que los sistemas normativos indígenas sean tomados en cuenta.
  • El Estado debe asegurar que puedan comprender y hacerse comprender en los procedimientos legales.
  • La ejecución de los fallos debe realizarse sin obstáculos o demoras indebidas.

 

 

 

 

 

  1. El acceso a la justicia para las mujeres
  • Implica:
  • La obligación de los órganos jurisdiccionales de impartir justicia con perspectiva de género.
  • Las autoridades cuestionando la neutralidad de los actos de autoridad y las normas en busca de discriminación.
  • Identificar los estereotipos de género que causan discriminación e impidan este derecho.
  • Eliminar la impunidad dado que se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género
  • La ineficacia judicial frente a casos de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad.
  • La obligación de valorar condiciones de discriminación múltiple de las mujeres que impidan el acceso a este derecho.

 

  1. El acceso a la justicia para personas con discapacidad
  • Implica:
  • Derecho a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales.
  • Reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica.
  • Es obligación de las autoridades efectuar ajustes necesarios a los procedimientos para garantizar este derecho en condiciones de igualdad.
  • Es obligación del Estado dar fin a fenómenos sociales de desigualdad que atentan contra la dignidad humana, a través de leyes y políticas públicas.
  • Garantizar que, en la toma de decisiones asistidas, la persona con discapacidad no sea privada de su capacidad de ejercicio, ni se sustituya su voluntad.
  • La aplicación del principio de mejor interpretación posible de la voluntad y las preferencias cuando fuere imposible determinarla.